Lograr un tránsito acompañado para cambiar de género y que este procedimiento sea cubierto por el sistema de salud fue la denuncia más reiterada de personas transgénero que acudieron al Consultorio Jurídico (CJ) de la Universidad de los Andes, en el 2022. De las personas trans que solicitaron asesorías jurídicas en diversos temas, el 80 % estuvo relacionado con este derecho.
Son numerosas las barreras de tipo legal o administrativo con las que las personas trans deben lidiar, asegura el abogado Carlos Julián Mantilla Copete, asesor del área de derecho penal del CJ. Por ejemplo, “el sistema de salud está sectorizado en razón al género y si un hombre decide cambiar su género y necesita de una hormona para llevar a cabo su tránsito, el sistema no va a permitir la entrega de la misma porque, en teoría, un hombre no puede recibir un medicamento que está pensado para las mujeres. A esta barrera se le suma la fobia de los médicos, la transfobia del sistema, así como la atención no oportuna que, en ocasiones, lleva a las personas a realizarse procedimientos artesanales para modificar sus cuerpos, poniendo en riesgo su salud y sus vidas”.
Su derecho a la salud también se vio vulnerado por la escasez de endocrinos con enfoque de género, así como por el retraso en la entrega de medicamentos, que deriva, muchas veces, en tratamientos interrumpidos o que no logran completarse, trayendo consecuencias adicionales a la salud de esta población.
El 20 % restante de las denuncias realizadas por la población trans hace referencia a temas penales, entre estos, consumo de estupefacientes y problemas derivados de la prestación de servicios sexuales. “Clientes que no pagan por el servicio, que las roban o que buscan tener más tiempo con ellas en contra de su voluntad. Eso deriva en riñas y hurtos asociados a esas zonas donde ellas prestan sus servicios sexuales. Siempre son sospechosas y terminan enfrentadas al sistema penal”.
Desde hace un año, y gracias a la alianza estructurada desde la dirección del CJ de la Universidad de los Andes, se brinda acompañamiento y asistencia jurídica a la Red Comunitaria Trans, integrada por trabajadoras sexuales transgénero del barrio Santafe, ubicado en la localidad de Los Mártires, en el centro-sur de Bogotá.
En el marco de esta alianza, el CJ ha podido representar los derechos de 12 de sus integrantes, en temas penales en su mayoría, aunque también en situaciones relacionadas con derecho de familia, derechos de consumo y derechos laborales, entre otros.
Este trabajo se articula con un proyecto de investigación en curso, entre el CJ y el Doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes, que busca evidenciar las vulnerabilidades a las cuales se enfrentan las mujeres trans, en el marco del trabajo sexual frente al sistema penal. “Hemos podido detectar que muchas de las criminalizaciones que se dan están relacionadas con ejercicios de abuso policial, que se manifiesta en diferentes sentidos. Uno de ellos, por ejemplo, cuando la policía les exige tener relaciones sexuales no pagas, so pena de “cargarlas”. Es decir, cuando en el informe policial se registra que la trabajadora sexual poseía alguna droga ilegal, sin ser cierto”.
Otra vulnerabilidad manifiesta está relacionada con violencias en el espacio público. “En ocasiones, la policía las saca de los espacios que, inclusive, por el Plan de Ordenamiento Territorial, están pensados para que puedan ejercer el trabajo sexual. Esto las obliga a desplazarse a zonas más segregadas o distantes para prestar sus servicios”.
Actualmente, desde el CJ de Uniandes se están llevando cuatro casos de representación a mujeres trans criminalizadas, a través de la conformación de grupos de litigio en cabeza del abogado Carlos Mantilla, con la colaboración de estudiantes del área de derecho penal, con quienes se trabaja la estrategia del caso, en el marzo del artículo 6 de la Ley 2113 de 2021.
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Atención con enfoque diferencial
Cualquier persona que sienta que su identidad de género es diferente del sexo que le fue asignado al nacer encontrará en el CJ de la Universidad de los Andes un equipo de profesionales que entienden las particularidades que requiere la atención de personas trans.
“Atendemos sin prejuicios en razón a la orientación sexual o a la identidad de género. Acompañamos casos teniendo en cuenta las complejidades que se pueden derivar o siendo conscientes de las barreras administrativas que hay en razón a la identidad de género. Cuando planeamos estrategias jurídicas, tenemos en cuenta esas variables para planear la mejor estrategia posible y no generar daño en la persona que está accediendo al servicio”, concluye Carlos Mantilla.
El Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes está ubicado en la carrera 4 # 16-51. Brinda atención, sin ningún costo, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía.
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