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      Sentencias en lenguaje claro y lectura fácil, mecanismos de acceso a la justicia
      En Colombia, el 40 % de los párrafos judiciales son unioracionales

      El promedio por oración en escritos judiciales es de 53.7 palabras. Para la lengua española, lingüistas recomiendan un máximo de 20 palabras.

24/11/2022

A propósito del proyecto de ley que recientemente se radicó en el Congreso de la República sobre sentencias en lectura fácil, magistrados, congresistas y académicos debatieron -en la Universidad de los Andes- acerca de la necesidad de que las sentencias que emiten los jueces se escriban de manera comprensible y accesible. 

“Los servidores judiciales estamos incumpliendo el deber que tenemos de que las decisiones sean comprensibles para el protagonista de esa decisión, pero estamos cambiando el chip. Hay una preocupación por mejorar la manera en la que las transmitimos”, anotó Felipe Mendoza Rojas, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. 

Para reducir la brecha que existe entre el operador judicial y el destinatario, que hace que este último no entienda, el magistrado agregó que se debe corregir esa mala práctica y se deben dejar de lado “palabras rebuscadas” al momento de escribir las sentencias. Además, su llamado es a que el cambio se haga en todas las ramas del poder. 

Para Mendoza Rojas, la falta de claridad en las decisiones judiciales no es solo un problema de forma sino de fondo. “Tenemos que aprender a simplificar, lo cual no significa ignorar el tema u omitir aspectos importantes. No podemos seguir produciendo sentencias que parecen más una obra académica que hace un recuento de una línea jurisprudencial innecesario y que dificulta la comprensión de la resolución del problema”. Agregó que se debe trabajar tanto en el lenguaje como en las premisas de las que se vale el juez a la hora de resolver un caso. 

Para la abogada Ana María Muñoz Segura, magistrada de la Sala Laboral de Descongestión de la Corte Suprema de Justicia, la falta de claridad en las sentencias corresponde a un problema de la cultura jurídica colombiana. “Hay una pregunta importante que debemos hacernos y es a quién le estamos hablando”. 

Precisamente, varios de los panelistas coincidieron en que, para escribir una sentencia en lenguaje claro, es fundamental tener un conocimiento genuino de quién será su destinatario. “Desde la Facultad de Derecho y desde la Maestría en Derecho, Gobierno y Gestión de la Justicia de la Universidad de los Andes, hemos venido abogando por unas sentencias más claras, que tomen en cuenta a los usuarios, a los justiciables, que les expliquen de manera clara la relación entre el Derecho y las decisiones, para que los resultados sean funcionales, terapéuticos y adaptativos para su situación social”, explicó el profesor Diego López Medina.  

En su opinión, las sentencias serán escritas en lenguaje claro por los jueces no porque se les ordene por medio de una ley sino cuando “empiece una densificación de los buenos ejemplos y de las buenas prácticas de esto”. Opinión similar la de la magistrada Ana María Muñoz, quien manifestó estar “convencida de que muchas de las cosas que hacen la diferencia en una sentencia y en un ejercicio judicial dependen de la voluntad del juez; no es necesario de que exista una ley que se lo diga”.  

 

La academia, un actor fundamental 

Durante la sesión, la profesora Betsy Perafán Liévano, directora académica del pregrado en Derecho de la Universidad de los Andes y experta en lenguaje claro, dijo que “hay que articular la academia empezando a transformar la educación jurídica e incorporando el diseño legal como materia obligatoria”.  

De acuerdo con la docente, desde la academia se puede “teorizar más, investigar más y entender mejor los conceptos de lenguaje claro y lectura fácil”.  

Hizo claridad en cuanto a que el lenguaje claro no está en contra del lenguaje técnico y que de llegar a ser necesario el empleo de palabras técnicas, porque ya son propias del Derecho y no se pueden reemplazar por palabras más comunes, la recomendación es usarlas y explicarlas. “Eso puede hacer que el texto sea más extenso, pero, a la vez, más comprensible; por eso el lenguaje claro no es sinónimo de brevedad”. Y agregó que se podría hacer una “alfabetización jurídica”, es decir, enseñar a la ciudadanía los términos jurídicos para que los entienda.   

La responsabilidad de la academia, para el profesor Diego López, “es lograr y acompañar estos cambios culturales. Estas formas de escribir complejas, barrocas, son fruto de la acumulación de muchos años de experiencia y de hábito jurídico. Nosotros podemos mantener el rigor del Derecho y al mismo tiempo ser mucho más amables y empáticos con los usuarios. Podemos ser rigurosos en el manejo del Derecho y al mismo tiempo ofrecer respuestas sensatas para la gestión de conflictos. Yo creo que en eso deberíamos ayudar los académicos”.  

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