Fiscalidad, tributación y perspectiva de género con sello latinoamericano

Esta entrada de blog se escribe paralelamente a la realización de la primera Cumbre de Latinoamérica y el Caribe para una fiscalidad global incluyente, sostenible y equitativa; realizada el 27 y 28 de julio en Cartagena. En la Cumbre, Colombia además de ser la anfitriona, fue protagonista por haberla convocado y haber asumido la presidencia temporal del nuevo mecanismo multilateral que surgió durante la reunión. Ese contexto ambientó el posicionamiento de un reclamo clave para las feministas que se dedican al activismo fiscal y tributario: incorporar el enfoque de género en la política fiscal; que fue una de las 10[2] recomendaciones que se hicieron desde la sociedad civil para lograr cambios estructurales en las políticas fiscales. Recomendación que busca alinearse con el objetivo de los gobiernos regionales de lograr un pacto fiscal que dinamice la redistribución del gasto público, reduzca la pérdida de ingresos de los Estados por cuenta de la elusión y la evasión tributaria, y, consolide políticas tributarias articuladas, progresivas y contextualizadas que aumenten el recaudo de impuestos a nivel internacional y doméstico.

Cabe destacar que no es menor que la sociedad civil, representada a través de más de 50 organizaciones sociales y alrededor de 120 activistas[3], haya sido tenida en cuenta por los gobiernos como actor clave en la definición de un pacto fiscal regional. Pues son estas, quienes, con distintas iniciativas[4], han encarnado el reclamo por políticas fiscales que redunden en una justicia social universal. Especialmente, para los grupos poblacionales que suelen ser puestos en situación de vulnerabilidad; es decir, las mujeres, las personas racializadas, las personas con discapacidad y aquellas con escasos recursos económicos. De ahí la relevancia de que sean las organizaciones quienes alcen la voz para interlocutar directamente con los y las hacedoras de política tributaria, ya que el activismo fiscal y tributario, aunque de larga data[5], muy pocas veces suele ser escuchado en las discusiones sobre el manejo que los gobiernos les dan a los ingresos, los gastos y el endeudamiento del Estado. Cuestión que se evidenció en la Cumbre, donde a pesar de las buenas intenciones y la acogida de las propuestas, la asistencia de personajes de alto nivel, con capacidad de toma de decisiones, fue bastante precaria[6].

Ahora bien, una vez dejada sobre la mesa la propuesta de incorporar el enfoque de género, el paso que sigue es idear las múltiples formas en que esto puede materializarse desde la perspectiva del gasto y del ingreso público vía impuestos. En ese horizonte, las feministas ya han anticipado una serie de fórmulas para lograr políticas fiscales y tributarias sensibles al género. Por ejemplo, etiquetando los gastos del Estado con base a las realidades de género, raza y clase; subvencionando el trabajo de cuidado no remunerado; eliminando los sesgos de género tributarios, tanto explícitos e implícitos, que impactan negativamente la autonomía económica de las mujeres; implementando sistemas tributarios progresivos y ajustados a las realidades de género de las y les contribuyentes; obteniendo información desagregada por sexo de las personas que declaran y pagan impuestos de renta y patrimonio; e incorporando los principios y obligaciones de derechos humanos de las mujeres contenidas en instrumentos como la CEDAW en las decisiones sobre tributación.

Finalmente, aunque es motivador que los gobiernos empezaran a democratizar el debate sobre tributación, y que esto diera lugar a la creación de la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe[7], habrá que ver qué tanto de los aportes y propuestas de la sociedad civil y de la academia serán efectivamente implementadas por el nuevo organismo. Pues desde ya hay quienes opinan que fue otra cumbre inútil debido a la escasa participación de tomadores de decisiones[8].