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  • marzo 27, 2023
  • Investigación

Investigación uniandina propone mínimos innegociables para la construcción de una política pública migratoria integral

En su cuarto informe, el Centro de Estudios en Migración (CEM) de la Universidad de los Andes concluye que Colombia no cuenta con una política pública integral en materia de migración.

“Colombia actualmente no cuenta con una política pública integral en materia de migración, aunque hay elementos para pensar que el país se dirige en esa dirección”. A partir de esa afirmación, contenida en su más reciente informe, el Centro de Estudios en Migración (CEM) de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes se dio a la tarea de elaborar una lista detallada de chequeo con los temas prioritarios, y propuestas concretas de mejora, que el Estado colombiano debería incluir en una efectiva, y aún inexistente, política pública migratoria. 

Se trata del Cuarto Informe CEM – Revisión de la agenda migratoria colombiana: pistas para la construcción de una política pública, que gira en torno a siete temas prioritarios, en los cuales, si bien ha habido avances muy importantes por parte del Estado colombiano como respuesta a la migración en Colombia, aún se evidencian retrocesos y desarrollos a medias. 

“Ahondamos en la apuesta por la regularización migratoria de los nacionales venezolanos en Colombia y en los límites de tales medidas. También, en la respuesta insatisfactoria que se ha dado a la situación de apatridia de los niños y niñas que nacen en territorio colombiano de padres extranjeros, en la deuda que tenemos respecto a la reforma del sistema de refugio, cada vez más inadecuado respecto a la realidad del país y en lo que todavía queda por hacer ante la protección y garantía del derecho a la salud de las personas migrantes y refugiadas; la necesidad más demandada en Colombia”, explican las autoras del informe, las profesoras Carolina Moreno Velázquez, Gracy Pelacani y Laura Dib Ayesta. 

(También leer: Condición de apatridia en Colombia sigue sin reglamentación)

En el documento, hacen una reflexión sobre las barreras que todavía permanecen para la plena garantía del derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes migrantes y sobre las medidas que serían necesarias para saldar la deuda que aún se tiene ante la inclusión financiera de esta población. 

Por último, y no menos importante, las investigadoras enfocan su atención en los retrocesos que han observado en las medidas de privación arbitraria de la nacionalidad de colombianos nacidos en el extranjero y en los obstáculos que estos nacionales enfrentan para el registro extemporáneo de su nacimiento.

Propuestas concretas para el goce efectivo de derechos

El cuarto informe CEM va más allá de mostrar los avances o retrocesos en cada uno de estos temas. Sus autoras exponen detalladamente una serie de acciones concretas y viables en la práctica, como respuesta a los límites que identificaron y en función de resolver aquellas barreras que todavía impiden un goce pleno de derechos por parte de la población migrante y refugiada en Colombia. 

“Con esto, pretendemos sentar los mínimos de una política pública integral para el Estado colombiano, que sea de largo plazo, estructurada, coordinada, que no tenga acciones inconexas entre sí, sin distinción por origen nacional o por cualquier otra condición social. Esto requiere planeación, restructuración, diseño”. Además, resaltan como ingrediente fundamental la participación ciudadana.  

Los resultados de esta investigación pueden consultarse en el Cuarto Informe CEM – Revisión de la agenda migratoria colombiana: pistas para la construcción de una política pública.

Algunos datos* clave

  • Según Migración Colombia, a febrero de 2022, Colombia albergaba a 2.5 millones de personas provenientes de Venezuela: 333.806 en situación regular, 295.038 en situación irregular y el número restante “en proceso” del ETPV (Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos).
  • Al cierre del informe (nov. de 2022), en el tema de regularización migratoria, la entidad reportó la aprobación de 1.632.817 permisos por protección temporal (PPT), de los cuales ya había entregado 1.492.275.
  • A abril de 2022, según el CONPES 4100, se encontraban pendientes de decisión 42.106 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado ante la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado (CONARE). De estas, el 98.8 % era de nacionales venezolanos. Entre 2017 y 2022, solamente 1.289 personas habían sido reconocidas como refugiadas por el Estado colombiano; 95 % nacionales venezolanos.
  • En el tema de salud, a junio de 2022, el Ministerio de Salud y Protección Social reportó la afiliación de 740 mil migrantes venezolanos a la seguridad social. 
  • Según el CONPES 4100 de 2022, en abril del 2022, 559.605 niños, niñas y adolescentes venezolanos estaban matriculados en instituciones educativas. De estos, el 67,2 % estaba registrado con número NES asignado por las secretarías de Educación
  • Bajo la Resolución 7300 de 2021 de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), ese año se llevó a cabo la anulación de los registros civiles de nacimiento y cancelación de cédulas de aproximadamente 43.000 personas, quienes pasaron a ser tratadas por parte del Estado como personas migrantes en situación migratoria irregular. 

* Tomados del Cuarto Informe CEM.

(Le puede interesar: Los retos y desafíos de las juventudes migrantes)

Profesores relacionados

Carolina Moreno Velásquez

Carolina Moreno Velásquez

  • Profesora Asociada
  • camoreno@uniandes.edu.co

Gracy Pelacani

  • Profesora Asistente
  • g.pelacani@uniandes.edu.co

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