“Nos tocaba poner el cajón en la mitad de la calle para poder recoger, para poder enterrar a la amiga, para que la llevaran y la tiraran en una fosa común, porque ni siquiera era una bóveda” – Madre Lía
Según los testimonios recogidos, cuando una mujer trans moría en el centro de Bogotá entre las décadas de 1970 y 1980, ninguna institución del Estado se hacía cargo de garantizarle un proceso legal – identificación de la persona, trámites de defunción, indagación sobre la muerte, por ejemplo – ni un entierro digno. Tampoco lo hacía la familia. Eran las compañeras quienes recogían dinero en la calle, compraban el cajón y organizaban el entierro. Este patrón, que se repite enmás de la mitad de las entrevistas realizadas en el marco del proyecto de memoria histórica “Memoria, Resistencia yDignidad”, en el cual se han alcanzado a abordar – a la fecha de la publicación del presente artículo, a veinticinco mujeres trans de la ciudad de Bogotá – no es un detalle marginal: da cuenta de un poder que administró no solo la vida de estasmujeres, sino también su muerte y sus posibilidades de envejecer.
Para comprender este poder conviene partir de la biopolítica. En la década de 1970, el filósofo francés Michel Foucaultanalizó cómo el poder moderno pasó a administrar la vida: gestionar poblaciones y optimizar cuerpos productivos[1]. Como decía uno de mis profesores de pregrado en la clase de Teorías del Estado, al discutir esta teoría: “los muertosno tributan”. La frase ilustra una dimensión económica de ese poder, ya que un Estado requiere de cuerpos vivos que trabajen y aporten. Sin embargo, la biopolítica no se reduce al recaudo de tributos, Foucault describe un poder que apropia la vida misma, la de los cuerpos y la de las poblaciones como un objeto de gobierno y que se ejerce principalmente haciendo vivir y dejando morir.
Años más tarde, el pensador camerunés Achille Mbembe retomó este punto de partida para examinar otra dimensióndel poder: ¿qué sucede cuando no se limita a dejar morir, sino que produce condiciones de muerte y somete a ciertas poblaciones a formas extremas de desprotección? Mbembe no abandonó la noción foucaultiana de biopoder, la desarrolló a un concepto que llamó luego necropolítica y para ello planteó la hipótesis de que “la expresión última de la soberanía reside ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir”. En este sentido, para Mbembe “hacer morir o dejar vivir constituye, por tanto, los límites de la soberanía, sus principales atributos”[2]. Esta perspectiva – más que oponerse de lleno a la biopolítica – permite analizar cómo la administración de la vida puede coexistir con la exposición a determinadas poblaciones a la muerte. De una manera más reciente – y situada en el presente caso de estudio – C.Riley Snorton y Jin Haritaworn extendieron ese concepto a las vidas trans, con una propuesta de lectura de sus muertes no como hechos aislados sino como dispositivos que organizan jerarquías entre “las vidas que importan” y de esas de las que se puede prescindir[3].
El delito de existir en público
La persecución contra esta población adoptó distintas formas a lo largo del tiempo. Reconocer esas transformaciones es fundamental para entender su persistencia. En el ámbito penal, el Código Penal de 1936 sancionaba el acceso carnal homosexual[4]. Según los testimonios recopilados, en la práctica policial cotidiana la persecución alcanzó también a las mujeres trans, sin distinguir entre orientación sexual e identidad de género. El nuevo Código Penal, expedido mediante el Decreto 100 de 1980 y vigente desde 1981, eliminó aquella sanción y, sin embargo, la despenalización no significó el fin de la persecución. “Antes del 91 era prohibido usar prendas femeninas”, manifiesta la madre Blanca en su relato. Su testimonio muestra cómo, más allá de la reforma penal, persistían el control de la calle, las detenciones y la discrecionalidad de cada agente.
“A la distrital nos llevaban a pagar un mes por encontrarle a usted prendas femeninas, treinta días. Nos esposaban y nos llevaban a descargo como ser una delincuente, y nos paseaban por todas las calles y todo el mundo mirando.”
–Blanca
Según estos relatos, la privación de libertad por usar una prenda femenina no estaba precedida de un proceso judicial. Marcela precisa que ni siquiera existía una acusación formal: la policía apenas escribía un nombre y una razón cualquiera,“pero era por prendas”. Varias entrevistadas señalan, además, un destino recurrente: la estación quinta de Policía, recordada por ellas como un epicentro de “golpiza, garrote y abusos”.
“¿Dónde están todas esas historias de nosotras? En la estación quinta. En la estación quinta ya era el azote de nosotras”
–Cindy
Estos testimonios permiten identificar un patrón que no se reduce a una serie de abusos individuales. En las entrevistas describen detenciones, encierros o agresiones de la policía, y algunas suman además golpes, abusos o desnudez forzada por parte de agentes, en estaciones y ciudades distintas y esta repetición en trayectorias de vida diferentes indica que no se trató de excesos aislados sino de una práctica recurrente. Este artículo propone leer ese patrón, desde la perspectiva de Mbembe, como la producción sistemática de condiciones de exposición a la muerte: el Estado no mata directamente en todos los casos, pero contribuye a que la violencia, la exclusión social y la precariedad económica amenacen la vida de las mujeres trans en el espacio público. Este poder no dependió exclusivamente de una ley para funcionar, pues cuando la tuvo la usó y cuando desapareció la penalización, encontró otros instrumentos de persecución.
La precariedad en la vejez como segunda condena
Este punto puede pasarse por alto cuando se piensa en la necropolítica solo como violencia directa: la persecución noterminó con los cambios normativos ni con una eventual disminución de la tortura física. También se manifestó en laexclusión laboral, cuyas consecuencias estas mujeres siguen pagando hoy, en su vejez. Así lo describe Lorena:
“Si quería trabajar, uno tenía que ser, ser y hablar grueso y vestirme de hombre, porque así tal cual no iba a hacer nada(…) tampoco tuvimos la oportunidad de cotizar una pensión. ¿Por qué? Porque así no hay trabajo, es prohibido el trabajo para siempre, no se puede cotizar pensión”.
–Lorena
No es una consecuencia secundaria: desde la lectura que propone este artículo, es otra expresión de la misma lógica necropolítica. Sin cotizaciones suficientes ni una historia laboral reconocida, estas mujeres llegaron a la vejez sin acceso a una pensión y con redes de protección social insuficientes.
“No había nada, ni derecho a la salud, ni derecho al trabajo, ni derecho a una pensión. No teníamos derecho a ser nadie en esta tierra, ni en esta vida, ni en este mundo”.
–Lorena
Marcela conecta este vacío institucional con la soledad concreta de envejecer sin red:
“Si no tienes una red de apoyo tienes que vivir y dormir en la calle, sin una mano amiga, sin el apoyo del mismoEstado colombiano que le niega a uno la posibilidad de envejecer dignamente”.
– Marcela
La demanda que emerge de las entrevistas no es solo simbólica: exige condiciones materiales para vivir con dignidad. La madre Brittany lo señala de manera directa al hablar de sus necesidades actuales:
“Lo principal para nosotras las adultas mayores hoy en día es una vivienda digna (…) al menos tenemos donde meter la cabeza (…) no quisiera que viniera mi hermano a pedir lo mío, sino que se lo den a otra persona que le haga falta”.
– Brittany
Esta demanda consigue dilucidar algo que la reparación simbólica por sí sola no resuelve: al estudiar la situación de las mujeres trans, víctimas del conflicto armado en Colombia, Tovar Bohórquez señala la importancia de la reparación simbólica y señala que las peticiones de esas mujeres deben comprenderse a la luz tanto de las condiciones anteriores como posteriores a la victimización. Aquí se extiende esa idea a la violencia policial del siglo pasado: reconocerla sin atender sus efectos actuales, entre ellos las barreras existentes para trabajar y cotizar a una pensión durante décadas, se torna en una reparación incompleta[5].
Sobrevivir al dispositivo
Aun con todo esto, estas mujeres llegaron a la vejez. Su supervivencia desafía la lógica necropolítica que las exponía a la muerte o las expulsaba de la vida pública. Cada una de ellas es prueba viva de esa resistencia, aunque la exclusión les hayaarrebatado condiciones para envejecer con dignidad.
Este artículo no puede cerrar únicamente con una denuncia. La necropolítica que permite analizar estos testimonios no es un capítulo cerrado del pasado bogotano: sus efectos persisten en las barreras que estas mujeres enfrentan para acceder a una pensión y a servicios de salud. La penalización, las prácticas policiales y la exclusión laboral no deben entenderse como etapas que se sustituyen por completo, sino como mecanismos que pueden superponerse y prolongar sus consecuencias. Su continuidad muestra que la eliminación de una norma discriminatoria no basta para garantizar una vejez digna.
Este texto es también un homenaje a Blanca, Brittany, Cindy, Lía, Lorena, Lucha, Marcela y a todas las mujeres trans que se sostuvieron de pie cuando el Estado, la calle y la Ley se confabularon para verlas caer. Y al equipo de Memoria,Resistencia y Dignidad, que convirtió el silencio oficial en archivo y el archivo en denuncia. Que ellas sean la última generación de mujeres trans a la que este país le niegue una vejez digna.
Los testimonios citados provienen del proyecto de investigación y reparación “Memoria, Resistencia y Dignidad”, liderado por Somos La Disidencia en articulación con el Observatorio de Conflictividad Social y Derechos Humanos de laSecretaría Distrital de Gobierno de Bogotá.
[*] Juliana Londoño Botero es politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Justicia, Víctimas y Construcción de Paz y magíster en Estudios Políticos (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia, y estudiante del Doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes. Trabaja en investigación, política pública y acompañamiento a comunidades y organizaciones sociales en Bogotá, con un interés particular en criminología y en temas ambientales.
[1] Foucault, Michel (2007), Historia de la sexualidad 1: la voluntad de saber, Siglo XXI, p. 167
[2] Mbembe, Achille (2011), Necropolítica, Melusina, p. 21.
[3] Snorton, C. Riley, y Jin Haritaworn (2013), “Trans Necropolitics: A Transnational Reflection on Violence, Death, and the Trans ColorAfterlife”, en The Transgender Studies Reader 2, Routledge, p. 66.
[4] Caro Romero, Felipe Cesar Camilo (2020), “Ni enfermos, ni criminales, simplemente homosexuales. Las primeras conmemoraciones de losdisturbios de Stonewall en Colombia, 1978–1982”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, vol. 47, n.º 1, pp. 201–229, UniversidadNacional de Colombia. (https://doi.org/10.15446/achsc.v47n1.83150)
[5] Tovar Bohórquez, Laura Catalina (2014), “Reparación simbólica para mujeres trans víctimas del conflicto armado: ¿por qué no se ha iniciado?”,Trans-pasando Fronteras, n.º 6, p. 83. (https://doi.org/10.18046/retf.i6.1877)
