Así lo destacó el director del Grupo de Prisiones del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Fernando Tamayo Arboleda, quien resaltó que no debe verse con malos ojos que se les permita a las personas privadas de la libertad salir de las cárceles para que trabajen durante el día y regresen en las noches; medida que hace parte del borrador del proyecto de ley con el que el Gobierno busca reformar el sistema penal y penitenciario de Colombia.
“Es importante no caer en pesimismos ni en pánicos porque esas son figuras que actualmente ya existen: la libertad preparatoria y la franquicia preparatoria, que permiten a los internos salir de la prisión durante el día y volver en la noche. En este momento están vigentes, pero son figuras que operan en muy pocas oportunidades y solo cuando se ha cumplido el 80 % de la pena”.
Así mismo, el investigador aseguró que “estas medidas se han implementado en otros países que tienen problemas de seguridad similares a Colombia, como Namibia, Mozambique o India, con altos índices de criminalidad y desigualdad, y todos han reportado éxito en la implementación de iniciativas parecidas. Significa que las personas que suelen participar de estos programas tienen menos posibilidades de volver a cometer delitos, que aquellos quienes permanecen todo el tiempo en la prisión”.
En su opinión, el fortalecimiento de los sistemas alternativos a la prisión también puede impactar positivamente las condiciones de vida al interior de los establecimientos penitenciarios, así como influir en una reducción de la criminalidad.
A través de varios ejercicios, el Grupo de Prisiones ha podido experimentar de primera mano que las personas que acceden a mejores oportunidades de reintegración, tienen menos posibilidades de delinquir. Ejemplo de esto es “La 40”, un proyecto conjunto del Grupo de Prisiones junto con el Área de Proyectos del Departamento de Arte de la Universidad de los Andes, que permitió la realización de una fotonovela con la que se informaba a las personas privadas de la libertad sobre temas y asuntos coyunturales. El proyecto se desarrolló con el grupo de teatro Abrakadabra de la Cárcel La Modelo de Bogotá.
Otros casos exitosos tienen que ver con la capacitación en derechos humanos que hace el Grupo de Prisiones en varias cárceles de Bogotá. “Normalmente, las personas que están en este tipo de programas salen para no volver nunca a la cárcel. Y muchos de ellos salen a trabajar por los derechos de otros presos. Algunos trabajan en organizaciones no gubernamentales o se titulan como abogados para poder seguir trabajando. Cuando las personas están cerca de sus familias, de sus hijos, de actores sociales y sienten que importan, suelen tener un mayor convencimiento de no volver a delinquir y mayores oportunidades y apoyo social para no recaer en el delito”.
Desde un punto de vista académico, Fernando Tamayo destacó la investigación “De la cárcel al barrio” que realizó con los profesores Libardo Ariza y Manuel Iturralde, exdirectores del Grupo de Prisiones, en la cárcel La Modelo. Luego de entrevistar a profundidad a grupos de personas privadas de la libertad para determinar qué podría ayudarlos para no volver a delinquir, la respuesta general fue contar con oportunidades que les permitieran reintegrarse a la sociedad para tener un trabajo digno y sostener económicamente a sus familias. Sin embargo, la incertidumbre de no lograrlo también les hacía pensar en si serían capaces de no reincidir.
“Esa experiencia nos permitió entender que hay que prestar especial atención a qué va a pasar cuando salgan de las prisiones, porque el problema no es que existan mecanismos como la libertad condicional, la libertad preparatoria o la franquicia preparatoria, sino qué se va a hacer con dichos mecanismos”.
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A pesar de que la atención se ha enfocado en estas medidas ya existentes, el doctor en Derecho de la Universidad de los Andes destacó que en el proyecto de reforma al Código Penal, Procesal Penal y Penitenciario existen otros aspectos de alta importancia en materia de la solución de problemas carcelarios del país –entre estos, el hacinamiento y la violación de los derechos humanos-, como el fortalecimiento de todos los mecanismos que permiten alternativas a la prisión.
“Se facilita la posibilidad de que las personas salgan en suspensión de la ejecución de la pena, lo cual permite que las personas vayan en libertad, pero que si vulneran algunas de las condiciones que se les imponen o vuelven a delinquir, tengan que cumplir toda la pena completa del delito que habían cometido, con restricción a futuros beneficios”.
Agregó que en la propuesta “se reforma el sistema de supervisión de las penas, el sistema de trabajo y estudio en las prisiones y, finalmente, se hace una importante restricción a la medida de aseguramiento, que es aquella que se da durante el proceso para detener a una persona, mientras sale la sentencia condenatoria o absolutoria”.
En la lupa
En cuanto a los aspectos a los cuales se les debe prestar especial atención, el director del Grupo de Prisiones considera que el más importante tiene que ver con la ejecutabilidad de la reforma. “Más que crear cosas nuevas, lo que hace (la propuesta de reforma) es retocar instituciones que ya existen; depende de cómo se va a ejecutar en el tiempo y cuáles van a ser las asignaciones presupuestales que se destinen para todas las organizaciones involucradas en los procesos de reintegración de las personas privadas de la libertad”.
En esta medida, resaltó la importancia de discutir el futuro de instituciones como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), las relaciones que desde allí se establezcan con empresas y comunidades civiles para la reintegración de las personas, así como el fortalecimiento del programa de Casa Libertad que acompaña y vigila los procesos de reintegración de quienes salen mediante los mecanismos alternativos a la prisión o con pena cumplida.
“Parte fundamental de esta reforma es que, desde un punto de vista social, entendamos que el estigma que se ha construido en torno a los criminales está lejos de ser real. La mayor parte de las personas que están privadas de la libertad en Colombia, que ascienden a casi 97.000, no son delincuentes reincidentes. Y las cifras de reincidencia en Colombia son relativamente bajas (alrededor del 20 %), en comparación con otros países de Latinoamérica y del mundo con cifras de entre el 40 % y el 50 %”, concluyó el catedrático.
