Sí o sí, el sistema laboral en Colombia se reformará. Ese es uno de los propósitos del Gobierno del presidente Gustavo Petro y una de las principales metas a cumplirse desde el Ministerio del Trabajo, en cabeza de la titular de la cartera, Gloria Inés Ramírez Ríos, junto con todo su equipo de trabajo.
El debate, que apenas comienza, fue tema de conversación en la Universidad de los Andes, en el foro Perspectivas y desafíos de la reforma al sistema laboral: ¿más de lo mismo o un cambio estructural?, organizado por la Facultad de Derecho, el cual contó con voces de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, el poder Ejecutivo, el poder Legislativo, organizaciones sindicales y gremios empresariales, así como de la academia.
Durante el espacio de disertación, el viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Edwin Palma Egea, informó que para el próximo lunes 24 de octubre se espera la apertura de la primera mesa de concertación, desde la cual se busca abrir una subcomisión que permita discutir y construir una propuesta. “La reforma que nosotros queremos proponerle al país es estructural y tiene como punto de partida tres principios: el Artículo 53 de la Constitución, que haya consenso y tripartismo”.
Argumentó que es necesario incorporar toda la jurisprudencia nacional, así como la internacional, incluyendo la de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En su opinión, el generador de conflictos hoy en el mundo del trabajo es la inseguridad jurídica, por lo que hizo énfasis en la necesidad de que el Congreso de la República cumpla con la expedición de un nuevo Estatuto de Trabajo. “No es un invento de este Gobierno. Es un incumplimiento del Congreso de la República que hace 32 años tiene una orden del poder popular, del poder constituyente de expedir un Estatuto del Trabajo y lo ha omitido”.
Esta idea fue apoyada por el representante a la Cámara, Agmeth José Escaf Tijerino, presidente de la Comisión Séptima, quien afirmó que “la meta de nuestra reforma laboral es el Estatuto del Trabajo”. Para el congresista, dicho Estatuto es obsoleto y el objetivo, en la medida de lo posible, es modificarlo y actualizarlo a la realidad colombiana, protegiendo no solo al trabajador, sino también a los buenos empleadores. “Debemos sacar adelante esta reforma para que el país prospere porque la precarización es la esclavitud moderna que tenemos y Colombia no puede continuar así. Estamos en la prehistoria de los derechos laborales”.
Además, hizo énfasis en que la lucha, desde el Gobierno, va dirigida hacia la prescripción de los derechos laborales ya no en 3 años sino de 10.
“Cualquier trabajador cuenta con 3 años para reclamar sus derechos laborales cuando están siendo vulnerados, sobre todo con el contrato de prestación de servicios que está siendo, en este momento, la esclavitud y la precarización de cualquier trabajador en nuestro país. Y esto vulnera no solo al empleado sino a su entorno. Hay que condenar a aquel que contrata mal, puntualizó el legislador”.
Recordó que el 61 % de las personas que tienen problemas de abusos laborales y a las cuales les están corriendo los términos de la prescripción, aunque buscan ayuda, no demandan “porque tienen miedo a perder su trabajo y su estabilidad económica para poder subsistir. El objetivo es extender el periodo de la prescripción de derechos laborales a 10 años.
“En Colombia es rentable incumplir la ley laboral”
Así lo afirmó la profesora Natalia Ramírez Bustamante, directora del Área de Derecho Laboral y del Semillero de Investigación Trabajo y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Precisamente, esa fue una de las conclusiones de su más reciente investigación (enero de 2022) como integrante de la Misión de Empleo.
Dijo, además, que la ley laboral en Colombia se cumple muy poco, que es necesario revisar la prescripción de la acción laboral –está de acuerdo con que sea de 10 años- y que sea una obligación aplicar la sanción moratoria del Artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo: un día de salario por cada día de retardo.
Para la académica e investigadora, es fundamental no solo que las sanciones se aumenten, sino que se cumplan eficazmente. “Esto se logra aumentando la inspección y vigilancia laboral, que actualmente es inexistente. Contamos con una fracción mínima de inspectores de trabajo, frente a la que deberíamos tener: alrededor de 1.900 inspectores de trabajo y hasta el año pasado contábamos con un poco más de 900. Además, tenemos pocos jueces laborales”.
Mucha tela para cortar
Aunque son múltiples los temas a discutirse en el proyecto de reforma, Iván Mauricio Lenis Gómez, presidente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, considera muy importantes en la conversación, incluir: una regulación en torno al trabajo en plataformas digitales, fortalecer la inspección del trabajo (que sea menos sancionatoria y más preventiva), repensar el tema de la dispersión sindical (multiafiliación sindical) y que también se fortalezca la protección al cesante y el seguro de desempleo. “La pandemia dejó en evidencia que nuestro sistema de protección es frágil en ese tema y que es necesario proveer de estos mecanismos para que, frente a una caída del ingreso, las personas tengan una protección más efectiva y no se sientan vulnerables”.
Por su parte, Jorge Manrique Villanueva, profesor de la Universidad Externado de Colombia, fue enfático al afirmar que “cualquier reforma laboral que se quiera hacer, grande o pequeña, debe tener claro el contexto: una economía de mercado, un país inserto en la globalidad y un mundo marcado por la competencia”.
El evento, que se desarrolló en dos paneles, también contó con la participación de Hernán Correa Cardozo, magistrado (e) de la Corte Constitucional; José Luciano Sanín Vásquez, director de la Corporación Viva la Ciudadanía; Nicolás Rico, líder de la Unidad de Derecho Laboral y la Seguridad Social de Scola Abogados; Darío Maldonado Carrizosa, profesor asociado y director de Investigaciones de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, jefe de la Misión de Empleo; Juan Camilo Herrera Prieto, profesor de cátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y Manuela Palacio Jaramillo, magistrada auxiliar de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
