El martes 10 de junio se llevó a cabo la 2.ª Jornada de Justicia Ambiental: «Justicia, conocimiento científico y ancestral en la resolución de conflictos ambientales», organizada por la Corte Suprema de Justicia y la Universidad de los Andes, con la participación de expertos nacionales e internacionales. El evento, que tuvo lugar en el Auditorio Alberto Lleras Camargo de la universidad, reunió a magistrados, jueces, académicos, líderes ambientales y representantes de comunidades indígenas para reflexionar sobre cómo la justicia puede convertirse en un puente entre el conocimiento técnico y las cosmovisiones tradicionales.
Durante la apertura, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro Duque, destacó que la justicia ambiental no solo busca reparar el daño, sino también sanar el vínculo entre el ser humano y la naturaleza, reconociendo a la Tierra como sujeto de derechos. «La justicia ambiental es una verdadera necesidad existencial para el planeta y para Colombia. Enfrentar los complejos desafíos actuales exige que integremos la sabiduría ancestral de nuestras comunidades indígenas con la rigurosidad y las herramientas que ofrece el conocimiento científico moderno», afirmó.
Uno de los ejes centrales del evento fue el análisis de la prueba técnica como herramienta clave en litigios ambientales, especialmente ante los desafíos de causalidad compleja, multicausalidad del daño ecológico y el limitado acceso a tecnologías por parte de jueces y fiscales. La magistrada Hilda González Neira, presidenta de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, resaltó que los jueces enfrentan una realidad inédita: deben valorar pruebas técnicas altamente especializadas sin haber sido formados para ello, como análisis fisicoquímicos del agua o conteos de invertebrados. Enfatizó la urgencia de dotar a la judicatura con herramientas cognitivas y tecnológicas acordes con los retos ambientales del siglo XXI.
El fiscal Owen Quiñones, experto en delitos ambientales, advirtió que el crimen ambiental ha evolucionado hacia una estructura económica organizada, y remarcó la necesidad de contar con peritos especializados, equipos tecnológicos y una mayor articulación institucional. Subrayó también los obstáculos normativos y procesales que dificultan la investigación penal ambiental en Colombia.
Desde la facultad, el profesor René Urueña planteó que los conflictos socioambientales no son solo disputas sobre recursos naturales, sino conflictos políticos y epistémicos complejos, donde convergen intereses desiguales, narrativas enfrentadas y estructuras de poder. «No podemos abstraer la relación entre derecho y ciencia del conflicto sociopolítico subyacente, expresado como un conflicto sobre recursos, recursos muy valiosos», señaló. Por su parte, la profesora María Carolina Olarte Olarte, directora de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública (MASP), hizo un llamado a reformular categorías jurídicas tradicionales ante la crisis ecológica global. Junto con el profesor Urueña, presentó una propuesta teórico-práctica para incorporar una visión planetaria del principio de precaución, con un enfoque ético, interdisciplinar y transformador para enfrentar litigios ambientales estratégicos.
La jornada también estuvo marcada por momentos simbólicos y profundamente emotivos. Un video homenaje a los saberes ancestrales, protagonizado por voces indígenas, recordó la conexión espiritual entre el ser humano y la Tierra: «Aquí te entrego el fuego, que es nuestra madre; el agua, que representa la vida. La justicia ambiental somos todos». Este gesto subrayó que la justicia no solo se construye desde la ley, sino también desde la memoria, el respeto y la responsabilidad.
Asimismo, se contó con la participación de expertos internacionales como Ramón Esteban Chilaber Torres, jefe de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente de Paraguay, quien compartió los avances y retos en la integración de evidencia técnica en políticas públicas y procesos judiciales ambientales en su país. Esta jornada concluyó con un mensaje contundente: Colombia debe liderar una justicia ambiental plural, interdisciplinaria y con enfoque de equidad epistémica. Las altas cortes, el sistema judicial, la academia y las comunidades deben converger para construir una justicia capaz de responder eficazmente a los retos ambientales del presente y del futuro.
Así, esta jornada se consolidó como un hito en la construcción de una justicia con raíces, con ciencia y con sentido, en defensa del ambiente, de la vida y del interés público.
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