En todo el mundo, los pueblos indígenas utilizan el derecho internacional para reclamar su patrimonio, territorio y desarrollo económico. Karen Engle hace un seguimiento de la historia de estas afirmaciones, considerando la prevalencia de determinados marcos legales y sus costos y beneficios para los grupos indígenas. Su vívido relato pone de relieve los dilemas que acompañan a cada estrategia jurídica, así como la persistente elusividad del desarrollo económico para los pueblos indígenas. Enfocándose principalmente en las Américas, Engle describe cómo los derechos culturales surgieron, a finales del siglo XX, de la autodeterminación como el marco dominante para la defensa de los indígenas, con consecuencias desafortunadas. Sostiene que, al afirmar nociones estáticas y esenciales de la cultura indígena, los defensores de los derechos indígenas a menudo han hecho concesiones que amenazan con excluir a muchos reclamantes, fuerzan a otros a que adopten normas de cohesión cultural y limitan la autonomía económica, política y territorial de los indígenas. Engle explora también el uso de los derechos culturales a través de una discusión de la Ley 70 de 1993, que otorga títulos de propiedad colectiva sobre tierras a ciertas comunidades afrodescendientes en Colombia. A la luz de las aspiraciones de esta ley y los desencantos con sus resultados, Engle advierte a los defensores de comunidades marginadas que no necesariamente basen sus reclamos en los modelos desarollados para los pueblos indígenas a nivel internacional.
