La globalización, que permite e impulsa el auge de las empresas multinacionales y los vínculos de dependencia entre las economías, ha hecho que todos los Estados se vean en la necesidad de coordinar sus políticas para favorecer el crecimiento del libre mercado. Sin embargo, la disminución de las fronteras y la facilitación del libre tránsito de bienes y servicios, también favorece la actuación de las empresas criminales. Por lo tanto, los Estados se han visto obligados a coordinar sus políticas de represión de la criminalidad y responder a un fenómeno transnacional, de manera conjunta. Muestra de ello son las múltiples convenciones y recomendaciones internacionales en materia de lavado de activos, que buscan unificar la propuesta legislativa respecto a los tipos penales de blanqueo de capitales, a pesar de encontrarse en ordenamientos jurídicos sumamente distintos. La idea que subyace a estos esfuerzos es desincentivar el blanqueo de capitales que implica también combatir los delitos que producen los bienes. En la medida en la que se reduzca la posibilidad de disfrutar las ganancias de los delitos, cometer ciertas conductas deja de tener sentido. En consecuencia, la lucha contra el blanqueo de capitales es, a su vez, la lucha contra la criminalidad organizada y los llamados delitos precedentes. Se debe fortalecer el orden jurídico mediante la idea que “el crimen no paga” y vencer la cultura del dinero fácil que tanto mal le ha hecho a la sociedad latinoamericana. Armonizar la legislación de los países de la Alianza del Pacífico en esta materia, contribuye a alcanzar ese propósito y las intención de este libro es plantear un mecanismo para lograr ese objetivo.
