La Clínica Jurídica Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, junto a la Iniciativa de Salud y Derechos Humanos del Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown, acompañó uno de los litigios más relevantes en materia de igualdad y no discriminación en el sistema de salud colombiano. Hoy, su impacto se concreta en la Resolución 2720 de 2025.
La historia comenzó en medio de la pandemia por COVID-19, cuando circularon guías y documentos médicos que, en la práctica, permitían que, en situaciones de escasez de recursos —como ventiladores mecánicos—, podría ser “más ético” priorizar a personas jóvenes o sin discapacidad frente a personas mayores, con condiciones crónicas de salud o con discapacidad. Estas orientaciones encendieron las alarmas sobre el riesgo de que, en medio de la emergencia, se legitimaran decisiones basadas en prejuicios.
Ante la preocupación de un grupo de ciudadanos, y frente al riesgo de que estos criterios reprodujeran prácticas discriminatorias, se presentó una acción de tutela acompañada por PAIIS y la Iniciativa de Salud y Derechos Humanos del Instituto O’Neill. El propósito fue claro: reafirmar que la vida de las personas mayores y de las personas con discapacidad tiene el mismo valor que cualquier otra y que no puede depender de cálculos de utilidad social en momentos de crisis.
El proceso culminó con la histórica Sentencia T-237, mediante la cual la Corte Constitucional ordenó al Estado establecer reglas claras, vinculantes y alineadas con los derechos humanos para orientar las decisiones médicas en futuras emergencias sanitarias.
Más allá del fallo
El liderazgo de PAIIS y O´Neill no terminó con la sentencia. Durante casi dos años, ambas desempeñaron un papel activo y determinante en la etapa de implementación.
Participaron en las mesas técnicas convocadas por el Ministerio de Salud, aportando análisis jurídico y evidencia científica; presentando observaciones para corregir riesgos de discriminación en los borradores de la resolución; y siguen ejerciendo un seguimiento riguroso al cumplimiento de las órdenes de la Corte, señalando públicamente las falencias del proceso cuando fue y es necesario.
Esta labor constante de incidencia permitió que la versión final de la Resolución 2720 incorporara ajustes sustanciales frente a los problemas identificados en sus primeras versiones. El trabajo no termina, pues PAIIS y O´Neill consideran que aún quedan acciones por realizar para cumplir de manera efectiva y completa con el fallo de la Corte Constitucional.
La clínica jurídica como motor de transformación
Este caso evidencia el papel fundamental de las clínicas jurídicas en la transformación institucional del país. Desde la Facultad de Derecho, PAIIS no solo litigó ante la Corte Constitucional, sino que ha acompañado activamente la implementación de la sentencia para asegurar que la norma final protegiera efectivamente a las poblaciones históricamente discriminadas.
En los distintos escenarios y etapas de trabajo las estudiantes de PAIIS fueron vitales, lo que muestra cómo la enseñanza del derecho, articulada con la incidencia estratégica y el compromiso con los derechos humanos, puede traducirse en cambios estructurales con impacto real en la vida de miles de personas.
