El pasado 12 de agosto, la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes realizó la vigésima segunda edición de Derecho y Coyuntura, titulada “Corte Penal Internacional, multilateralismo y conflicto colombiano”, un espacio para examinar desde la perspectiva jurídica la interacción entre el derecho penal internacional y el ordenamiento jurídico interno en contextos de justicia transicional.
La decana Eleonora Lozano Rodríguez abrió el encuentro resaltando que la justicia penal internacional, en un mundo donde las fronteras no detienen las violaciones graves a los derechos humanos, se convierte en un punto de encuentro —y a veces de tensión— entre la soberanía de los Estados y la responsabilidad colectiva de la comunidad internacional. Señaló que en Colombia confluyen la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Corte Penal Internacional (CPI), lo que plantea desafíos como coordinar esfuerzos sin duplicar funciones ni dejar espacios de impunidad, conciliar las lógicas restaurativa y punitiva, y definir hasta qué punto el orden internacional confía en que los Estados juzguen a los máximos responsables de crímenes atroces.
La conferencia magistral estuvo a cargo de Sergio Ugalde Godínez, juez de la CPI, quien ofreció una visión integral de la historia, estructura y funciones de la Corte, destacando su papel como tribunal independiente encargado de juzgar los crímenes más graves de trascendencia internacional: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Explicó que la CPI opera bajo el principio de complementariedad, interviniendo solo cuando los Estados no pueden o no quieren investigar y juzgar estos delitos, y subrayó la importancia de la participación de las víctimas como un elemento único en el derecho penal internacional.
El juez Ugalde también analizó los desafíos actuales del multilateralismo y de la justicia penal internacional, entre ellos la falta de mecanismos coercitivos propios para hacer cumplir sus decisiones, la dependencia de la cooperación de los Estados, la necesidad de adaptación frente a nuevas formas de criminalidad —incluyendo las facilitadas por la tecnología— y la erosión del orden basado en normas. Enfatizó que el éxito de la CPI depende de la voluntad política y del compromiso de los Estados para sostener un sistema universal de justicia que garantice verdad, reparación y rendición de cuentas.
El panel de discusión contó además con Julieta Lemaitre Ripoll, magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP; Libardo Ariza Higuera, profesor de la Facultad; y la moderación del profesor Ricardo Molina López.
Entre los ejes centrales de la discusión se destacó la tensión entre jurisdicciones y los retos de articular el derecho penal internacional con el derecho interno en procesos de paz. La magistrada Lemaitre expuso tres desafíos comunes para las cortes que aplican derecho penal internacional: la imputación proporcional a la responsabilidad real, la representación legítima de las víctimas y la reparación integral.
Por su parte, el profesor Ariza enfatizó que el derecho es un aparato cultural que refleja valores y tradiciones propios de cada sociedad, lo que plantea complejidades en su trasplante entre contextos y en su integración con normas internacionales.
El evento cerró con un reconocimiento al juez Ugalde por su aporte al debate y con la invitación a continuar fortaleciendo espacios académicos que promuevan el análisis del derecho penal internacional como herramienta para la verdad, la justicia y la construcción de paz en Colombia.
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