En el marco de Día Paíz 2026, la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes realizó el panel “Las voces de la paz: 8 años de balance de la JEP”, el miércoles 14 de octubre, en el auditorio ML-B. El encuentro reunió a estudiantes y contó con la participación de Ana Manuela Ochoa, Catalina Díaz y Camilo Andrés Suárez, magistradas y magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); Dilia Lozano, relatora general de la JEP; y fue moderado por Diana Durán, profesora asociada de la Facultad.
Día Paíz es una iniciativa de la Universidad de los Andes que, desde 2016, convoca a la comunidad universitaria alrededor de actividades académicas, culturales y pedagógicas para reflexionar sobre la paz, la memoria, el conflicto armado y los desafíos del país. En esta edición, la jornada propuso revisar los avances y retos de la construcción de paz a diez años de la firma del Acuerdo de Paz.
Como parte de esta programación, la Facultad propició una conversación sobre los ocho años de funcionamiento de la JEP, su modelo de justicia restaurativa y los desafíos que enfrenta. ¿Cómo funciona esta justicia? ¿Cómo se sanciona a los comparecientes? ¿Qué implican las sentencias que emite la jurisdicción? Estas fueron algunas de las preguntas que orientaron el panel.
Durante la conversación, los magistrados explicaron que la justicia que aplica la JEP es dialógica, es decir, que parte del diálogo como método de investigación y como vía para esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado. Este enfoque busca propiciar el reconocimiento de responsabilidades y contribuir a la construcción de verdad para las víctimas.
Avances en investigación y justicia restaurativa
Uno de los aspectos abordados fue la seguridad jurídica que ofrece la JEP tanto a las víctimas como a los comparecientes. Según lo expuesto por los magistrados, su carácter especializado permite avanzar en el esclarecimiento de los hechos y ofrecer un marco definido para el desarrollo de los procesos judiciales.
Otro de los avances señalados fue el traslado de más de 21.000 casos de la justicia ordinaria a la JEP. De acuerdo con lo discutido en el panel, este proceso ha permitido impulsar investigaciones que llevaban años sin avances en la Fiscalía y que ahora pueden continuar su curso en la jurisdicción especial, con miras a establecer responsabilidades y adoptar las decisiones correspondientes.
Los panelistas también se refirieron a las herramientas que la JEP ha desarrollado para abordar los casos y materializar su modelo de justicia. Como ejemplo, mencionaron el caso del Batallón La Popa, al que se refirieron como una experiencia representativa por tres aspectos: el uso de mecanismos que contribuyeron al reconocimiento de responsabilidad por parte de los comparecientes; la centralidad de las víctimas y la materialización de medidas restaurativas, como la construcción de mausoleos de memoria; y su alcance internacional como muestra de la disposición de Colombia a esclarecer los hechos ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la comunidad internacional.
Los retos de informar, comunicar y ejecutar las sentencias
El balance también permitió identificar desafíos para el funcionamiento de la jurisdicción. Uno de ellos es la desinformación sobre su labor, especialmente en redes sociales. Los magistrados advirtieron que la circulación de información imprecisa dificulta la comprensión pública de la JEP y señalaron la necesidad de que las críticas a su trabajo partan de información verificable.
A este reto se suma la comunicación de las decisiones judiciales. Desde la Relatoría General se reconoce la dificultad de explicar sentencias y conceptos jurídicos complejos en un lenguaje que resulte comprensible para la ciudadanía. Para acercar estos contenidos a públicos más amplios, la JEP recurre a formatos como boletines y pódcast, que complementan sus comunicaciones judiciales.
Un tercer desafío es la coordinación entre las instituciones gubernamentales para ejecutar las sanciones contempladas en el modelo. Durante el panel, el magistrado Suárez hizo un llamado al Gobierno nacional para articular el trabajo de las entidades responsables y facilitar el cumplimiento de las sentencias, de acuerdo con los propósitos del Acuerdo de Paz de 2016.
Los plazos previstos para las decisiones judiciales
En la conversación, los magistrados también se refirieron al cumplimiento de los tiempos establecidos para el desarrollo de los procesos. Explicaron que la primera etapa de imputación está prevista para concluir en 2028, mientras que la etapa de apelación se extiende hasta 2033. Asimismo, manifestaron su compromiso de entregar las sentencias oportunamente y señalaron que el cronograma de la jurisdicción se encuentra dentro de los plazos previstos.
El panel permitió revisar los avances y las dificultades de la JEP durante sus ocho años de funcionamiento, así como aclarar aspectos de su trabajo y de los procedimientos que aplica, además permitió acercar a la comunidad universitaria las características de la justicia transicional, sus metodologías de investigación y reconocimiento de responsabilidades, y los desafíos que enfrenta para comunicar y ejecutar sus decisiones.
Revive este panel en el canal de YouTube de la JEP: Ver transmisión completa
