La pandemia por el COVID-19 ha tenido un impacto especialmente intenso para las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, quienes han experimentado consecuencias adversas debido a las decisiones administrativas adoptadas para contener este virus. Uno de los efectos más devastadores han sido las enormes dificultades a las que se enfrentaron las personas para conseguir los medios de vida necesarios para garantizar su supervivencia y la de sus núcleos familiares. Esta ha sido también la regla para las personas migrantes y refugiadas, especialmente de aquellas en situación migratoria irregular y de pobreza. La emergencia sanitaria por el COVID-19 declarada por el Estado colombiano, así como las decisiones adoptadas por las autoridades administrativas orientadas a contener su propagación, han impactado de forma especial y diferenciada a las personas migrantes y refugiadas presentes en territorio colombiano.
En el contexto colombiano, caracterizado por una presencia muy significativa de personas migrantes provenientes de Venezuela1, las medidas administrativas en la materia implicaron, entre otras, que la situación de vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas se viera exacerbada. Ello se debió a que parte muy importante de esta población deriva sus ingresos del trabajo informal, el cual se vio seriamente impactado como consecuencia de las restricciones a la movilidad y al cierre de las actividades comerciales no esenciales. Además, al no contar con los medios de vida para suplir sus necesidades básicas, estas personas se expusieron a desalojos forzados por falta de pago. Muchas familias quedaron en situación de calle, expuestas a los peligros de no contar con un sitio de habitación y a contraer el virus. Pero, además, por el hecho de ser extranjeros, las personas migrantes y refugiadas se arriesgaban a recibir sanciones administrativas de carácter migratorio, por el incumplimiento de las medidas administrativas de cuarentena estricta y, de allí, a la imposición de sanciones como la expulsión y la deportación. A lo anterior se suma el retorno no voluntario de las personas migrantes y refugiadas hacia Venezuela, toda vez que en Colombia no contaron con los recursos mínimos de subsistencia, entre otras razones, porque las ayudas sociales otorgadas por las autoridades a la población más pobre estuvieron destinadas a la población nacional colombiana y no a la extranjera, mucho menos cuando esta se encuentra en situación migratoria irregular.
Este blog en cadena reúne publicaciones de cinco expertas en migración, quienes exploran las experiencias de las personas migrantes y refugiadas, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad y pobreza, en el marco de la pandemia por el COVID-19. Estas miradas prestan especial atención a las maneras en las cuales los instrumentos normativos adoptados por las autoridades, tanto para el manejo de la pandemia, como para la gestión del fenómeno migratrio, inciden en los proyectos de vida de las personas migrantes y refugiadas más vulnerables y en el ejercicio de sus derechos. Estas reflexiones parten, además, de un reconocimiento explícito de la importancia del enfoque diferencial y de derechos conforme al cual se identifican las particulares manifestaciones que la respuesta administrativa frente al COVID-19 trae para determinados grupos poblacionales, tales como: la niñez, las mujeres (trans y cis) y las personas que padecen afectaciones a su salud, así como del acceso de estas personas a derechos y a servicios básicos, tales como la salud, la educación, el debido proceso y la justicia.
1 De acuerdo con los datos oficiales emitidos por Migración Colombia, a 31 de enero del 2021, se encontraban en territorio colombiano 1.742.926 nacionales venezolanos, de los cuales 759.584 estaban en situación migratoria regular y 983.343 en situación migratoria irregular.
