El confinamiento estricto era solo el inicio de un conjunto de medidas para contener la propagación del COVID-19 que transformarían de diferentes formas la cotidianidad y sus impactos no se hicieron esperar. El deterioro de las condiciones sanitarias sucedía casi a la misma velocidad en que el empleo y otras fuentes de generación de ingresos caían abruptamente debido al cese de las actividades no esenciales, lo que asfixió la capacidad de millones de personas de satisfacer las necesidades familiares más urgentes. Sin medios de subsistencia, la población migrante y refugiada fue objeto de desalojos masivos, xenofobia y estigmatización que activaron lógicas migratorias securitistas que sitúan a la población migrante como una amenaza de la salud pública, por lo que el retorno al país de origen era no solo una alternativa, sino la única opción para una parte de la población, incluida la niñez migrante y refugiada.
En consecuencia, la pandemia desplazó a más de 52.000 niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiadas que se encontraban en Colombia, so pena de los riesgos para su integridad física y emocional, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) que reconoce a la niñez migrante como un grupo de interés especial debido al conjunto de situaciones que inciden en el acceso a derecho en el país de tránsito o destino migratorio. En particular, la condición migratoria, la pobreza, la compañía —o no— de su núcleo familiar o si ha sido víctima de algún tipo de violencia estructural exponen la vulnerabilidad social, económica y jurídica en la que se encuentran inmersos. Características que durante la pandemia se han agravado.
Con los cambios de residencia y el cierre de las escuelas la niñez migrante perdió, además de la seguridad alimentaria, la continuidad en el sistema educativo, inclusive aquellos que se encontraban matriculados antes de la pandemia, hoy no tienen certeza de permanecer o retornar a las escuelas como consecuencia directa de la precarización de condiciones de vida y la profundización de las desigualdades de acceso a la educación. En virtud de que esta población no cuenta con herramientas tecnológicas para desarrollar las actividades académicas de la educación a distancia, así como las dificultades propias de padres, madres y cuidadores de brindar, eficazmente, orientación en las actividades escolares mientras tratan de buscar medios de subsistencia diarios. En ese sentido, la pandemia por COVID-19 develó los retos que supone para el Estado garantizar el bienestar de la niñez migrante en el marco de la emergencia.
Conviene recordar que según datos de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, hasta diciembre del 2020, más de 1,7 millones de personas provenientes de Venezuela se habían radicado en Colombia y aunque no es la única población migrante en el país, sí es la más representativa. De este colectivo, cerca de 412.000 son niños; niñas y adolescentes se desplazan en un complejo proceso de movilidad humana, caracterizado por la alta irregularidad migratoria y urgentes necesidades de salud, nutrición y educación. Ahora bien, aunque la condición migratoria de un niño o niña es irrelevante para el acceso a derechos, los desafíos para el ejercicio efectivo son innegables.
La Declaración Universal de Derechos Humanos señala que el acceso a la educación es la vía principal para garantizar un entorno protector y el desarrollo pleno de sus capacidades. Como medida especial de protección la circular conjunta del Ministerio de Educación Nacional y Migración Colombia ratificó el carácter obligatorio del acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela. Sin embargo, ese es solo el primer paso de un conjunto más articulado de medidas —aún necesarias— que propendan por el acceso a una educación de calidad, centrada en el desarrollo integral de la niñez migrante y la integración plena en la sociedad.
En ese sentido, entre el 2018 y el 2019 los niños y niñas migrantes matriculados en el sistema educativo colombiano aumentó un 79%. Sin embargo, estos datos no dan cuenta de la niñez no escolarizada y las necesidades especiales de la niñez con discapacidad o no acompañada que requieren esfuerzos adicionales bajo los más fieles principios de interés superior del niño y la unificación familiar, enunciados en una amplia gama de instrumentos legales.
Pese a los esfuerzos del Estado por aumentar la cobertura escolar a través de recursos para cubrir la matrícula, la alimentación y el transporte, el acceso no fue equitativo en todo el territorio nacional, por lo que la disponibilidad de cupos depende de la robustez de ciertas entidades territoriales y aún existen barreras administrativas en las instituciones educativas, principalmente, por la imposibilidad de los niños y niñas de contar con documentos de identificación venezolanos o colombianos, seguido por el desconocimiento las normativas educativas por parte del funcionariado de las escuelas que por esta razón pueden impedir matricular a un niño o niña migrante o refugiada. Esto se convierte en acto deliberado de exclusión que expone a los riesgos de la EL ROL DEL DERECHO EN LA PANDEMIA 3 ARTÍCULOS RELACIONADOS COMPARTE ESTE ARTÍCULO desescolarización, como la mendicidad ajena, el reclutamiento forzado y otras formas de violencias.
Una alerta temprana de la Procuraduría General de la República advierte sobre los peligros que corre la niñez migrante no escolarizada, ya que la principal vulnerabilidad que enfrentan niños, niñas, adolescentes y jóvenes migrantes con estatus migratorio irregular y desescolarizados es el riesgo de reclutamiento forzado de organizaciones al margen de la ley que hacen vida en las zonas más desfavorecidas, por lo que hacer frente a esta situación en una necesidad imperiosa.
En conclusión, los avances en el acceso a derechos de la niñez migrante y refugiada en Colombia son una realidad. Sin embargo, un año después del inicio de la pandemia por COVID-19 esta población sigue afectada por las múltiples dimensiones de vulnerabilidad en la que quedó sumida, por lo que es necesario tomar acciones contundentes para mitigar las repercusiones del cierre prolongado de las escuelas y las brechas que comprometen el bienestar general de la niñez.
Asistente posdoctoral del Centro de Estudios en Migración de la Universidad de los Andes, actualmente desarrolla la investigación “Dinámicas territoriales de la migración venezolana en Colombia”, proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia.
