Mientras que escribo estas palabras, Colombia se encuentra en momentos de crisis, con múltiples factores entrecruzados: inequidad económica profunda, violencia estatal, falta de protección de los derechos humanos y otro pico severo de COVID-19 que exacerba aún más todos estos problemas. Como demostró mi colega Gracy Pelacani en su contribución, las medidas adoptadas por el Gobierno colombiano para controlar la propagación del virus, tales como el cierre de las fronteras terrestres, las cuarentenas estrictas y selectivas y las políticas como pico y género, han impactado profundamente a la población migrante en el país. Pero, como voy a señalar, el impacto en las vidas de las mujeres venezolanas (tanto las mujeres cis como las mujeres trans) ha sido especialmente doloroso porque se combina con otros sistemas de opresión, como el sexismo, el heterosexualismo y el clasismo.
Para entender los efectos particulares de las medidas para contener el COVID-19 en esta población, hay que entender un poco más acerca del contexto en el que se encuentran las mujeres venezolanas en Colombia. Por ejemplo, ya está bien establecido que estas mujeres enfrentan un alto nivel de xenofobia y violencia, en especial, en las formas de violencia sexual y femicidio. Desafortunadamente, no es considerado sorprendente por las migrantes ni para la gente que trabaja con estos grupos que una mujer venezolana aguante comentarios denigrantes como que es una “veneca” o que sea violada, forzada a participar en alguna forma de esclavitud sexual o secuestrada por grupos armados u organizaciones criminales cuando cruza la frontera. De hecho, sabemos que el feminicidio es la primera causa de muerte de migrantes venezolanas en Colombia. Y, con demasiada frecuencia, son las autoridades estatales quienes realizan estos actos, como estaba reportado en el 2019 cuando “se presentó un aumento de 350% en casos de agresión policial”. Además de la violencia y xenofobia, esta población enfrenta varios retos en su vida económica debido a la disponibilidad de pocas oportunidades laborales. Las mujeres venezolanas, en especial, las mujeres trans, no encuentran muchas opciones diferentes al trabajo sexual, incluso cuando encuentran estas oportunidades, son aún más vulnerables al abuso por parte de sus jefes o a perder su trabajo si quedan embarazadas o si tienen un accidente laboral.
Cuando la pandemia llegó, en marzo del 2020, las políticas para combatir el virus profundizaron muchas de las realidades ya descritas. Como explica el reporte de la Organización de las Naciones Unidas de las Mujeres (ONU Mujeres) y El Fondo de Población Naciones Unidas (UNFPA), las desigualdades y el sexismo sistemático en Colombia hacen que el contexto de emergencia y aislamiento aumente el riesgo y el peligro de violencia contra las mujeres y las niñas. El cierre de la frontera con Venezuela, por ejemplo, ha causado un incremento de los cruces por pasos informales, lo cual expone a mujeres y niñas a riesgos de violencia sexual, tráfico y trata de personas, así como a explotación laboral o sexual. Además, el cierre de la frontera ha ocasionado la pérdida de ingresos y medios de vida para las mujeres que venden productos en la región fronteriza. El cierre de los alojamientos temporales también contribuye al riesgo de explotación y abuso sexual que las mujeres y niñas venezolanas encuentran por tener que permanecer en cuarentena en contextos familiares complejos que las exponen de manera especial a sufrir múltiples formas de la violencia de género, incluida la violencia sexual. Esto es evidente en la cifra reportada por El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que afirma que 124 migrantes venezolanas fueron agredidas por sus parejas durante las cuarentenas en Colombia. Además de esto, permitir que los dueños de sus hogares las desalojen de sus sitios de alojamiento, a pesar de que está prohibido, ha resultado en más mujeres viviendo en la calle, de modo que al menos 233 venezolanas han sido rescatadas de grupos de tráfico de personas y de explotación sexual, un número que se ha incrementado durante la crisis sanitaria del COVID-19.
Pero los peligros no se limitan a la violencia de género dentro de sus propias casas. Estas mujeres son también vulnerables a esta violencia en las casas de empleadores o a la posibilidad permanente de perder sus ingresos. Al fin y al cabo, esta población suele trabajar en algunos de los sectores más golpeados en virtud de las medidas de aislamiento, como el sector informal, así como en oficios de peluquerías como empleadas y niñeras. Además de todo lo que esto implica, la salud de estas mujeres también se pone en peligro porque tienen que salir a la calle para generar algún ingreso o trabajar en casas de familias, muchas veces sin tapabocas o sin los implementos de protección necesarios. A veces, estas empleadas han sido obligadas a permanecer en las casas de sus empleadores durante las cuarentenas, muchas veces lejos de sus hijos y familias en Colombia, en una situación que no solo las expone a la explotación laboral (debido a que tienen que trabajar más horas de la jornada laboral si los empleadores las obligan), sino también a los abusos y violencias descritos, además de la afectación emocional por no poder estar con sus familias.
Fuera de ser vulnerables a todas las situaciones mencionadas, las medidas adoptadas en la emergencia sanitaria se combinan y afectan a las mujeres migrantes trans de otros modos distintos. Por ejemplo, las cuarentenas obligaron a muchas clínicas a cerrar sus puertas temporalmente, razón por la cual muchas personas trans no pudieron obtener las hormonas necesarias para mantener su salud. Además de esto, la discriminación antitrans ha aumentado durante la pandemia y se combina con políticas para detener el virus, como la política de “pico y género”, la cual crea más riesgos para las migrantes trans en Colombia, tales como acoso por las autoridades, puñaladas por agresiones físicas, restricción de ingreso a los supermercados, etc. Todo esto pone a los migrantes trans en una situación de mayor vulnerabilidad, debido a que las autoridades solicitan a las personas sus documentos de identificación que tantas personas venezolanas no tienen. Entonces, si las autoridades les piden sus documentos, los migrantes trans están en gran riesgo, no solo de los abusos y violencias señalados, sino también de ser reportadas a la autoridad migratoria y ser sometidas a sanciones de carácter migratorio, como deportaciones y expulsiones.
Combinando todos estos factores, las medidas para detener la promulgación del COVID-19 en Colombia se entrecruzan con regulaciones relacionadas con la inmigración, así como con realidades económicas y sistemas formales e informales del género, para poner a las mujeres venezolanas en varias situaciones sin salida, atrapándolas en una jaula de la opresión de género, antimigrante y homofóbica. Y la razón principal de esto es solo el hecho de ser migrante, mujer o venezolana. Estas mujeres pueden cumplir con las reglas de protección y quedarse en casa, pero así no van a tener los ingresos necesarios ni la capacidad para pagar el alquiler o para comer. O pueden actuar en contra de las medidas y arriesgar su salud, aumentar la posibilidad de tener confrontaciones con autoridades y de enfrentar distintas formas de violencia en la calle. En realidad, ellas no tienen una opción libre de peligros. Pero esto no debe ser así y no tiene que ser así. Podemos protegernos del COVID-19 y proteger las migrantes también. Es hora de hacerlo.
* Profesora asociada de Filosofía e investigadora en el Centro de Estudios Migratorios, Universidad de los Andes
