En materia de discapacidad, el principal marco de acción de la clínica ha estado y seguirá estando orientado por el cumplimiento a los postulados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008) que tiene una visión comprensiva de los derechos de esta población. Los principios de dignidad, igualdad, autonomía, independencia y participación, que rigen la Convención, orientan el trabajo de PAIIS con sus aliados, con las organizaciones de y para personas con discapacidad y con el resto de audiencias a las cuales dirige su trabajo.
En el trabajo diario durante todos estos años, PAIIS ha incluido la perspectiva de ciclo vital y de entender las complejidades del conflicto armado y las emergencias climáticas como correlacionadas a la garantía de muchos de los derechos consagrados en la Convención. En este sentido, hemos acompañado iniciativas específicas para garantizar el cumplimiento de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la voluntad y preferencias de las personas mayores y la asistencia en litigio para garantizar los apoyos que puedan llegar a requerir. Por otro lado, desde PAIIS hemos apoyado en garantizar el cumplimiento de lo consagrado en la Ley de Víctimas, particularmente en lo relacionado con la reparación administrativa de personas con discapacidad psicosocial e intelectual.
El proyecto LGBTI+ busca generar incidencia en la garantía de los derechos de personas con identidad de género y orientación sexual no hegemónica. Particularmente, buscamos realizar aportes desde la construcción de documentos jurídicos sobre avances y retos en nuestra normativa y jurisprudencia. Así mismo, participamos con intervenciones en casos a nivel nacional e internacional que impacten en los derechos del colectivo, así como en proyectos de trabajo conjunto con organizaciones aliadas en el país. De igual manera, hacemos un estudio, a partir de los casos que llevamos en la clínica, sobre el sistema de salud y las barreras de acceso que presenta para las personas con identidades de género diversas.
Previamente desde PAIIS, apoyamos en su momento la generación del decreto 1227 de 2015, relacionado con el trámite para corregir el componente sexo en el Registro del Estado Civil, así como apoyamos los proyectos de ley que buscan garantizar de mejor manera los derechos para la población.
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Una de las manifestaciones más claras de lo que significa el modelo social de la discapacidad es la educación inclusiva. Con ella se busca que todos los niñas y niñas tengan acceso en igualdad de condiciones al derecho a la educación en instituciones de educación regular públicas o privadas, que no los segreguen ni separen de sus pares. Las características de cada estudiante deberán llevar a la institución a hacer los ajustes razonables y buscar el personal docente de apoyo que permita que la experiencia educativa sea accesible para todas las personas. Este tema se encuentra regulado por el artículo 24 de la CDPD, la Observación No. 4 del Comité de los derechos de las Personas con Discapacidad y, en Colombia, por el decreto 1421 de 2017 . Mediante este proyecto, buscamos hacer incidencia a nivel nacional e internacional, para que el derecho a la educación inclusiva sea garantizado. Adicionalmente llevamos procesos de litigio para garantizar la educación inclusiva de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en educación media básica, así como en educación superior. Apoyamos también la capacitación, formación y pedagogía de personas con discapacidad, sus familias, docentes y funcionarios públicos.
El derecho a tomar decisiones en el marco de nuestros proyectos de vida es un derecho fundamental, del cual dependen todos los otros derechos. Sin posibilidad de tomar decisiones, y que éstas sean reconocidas como válidas por el derecho, seguiremos teniendo sistemas jurídicos que no reconocen a todas las personas como con iguales derechos. Este proyecto busca promover la correcta aplicación de la Ley 1996 de 2019, una norma hito a nivel mundial, mediante el litigio y representación de casos, la incidencia normativa y reglamentaria, la capacitación y formación y la generación de insumos novedosos y planteamiento de preguntas necesarias para el avance de los derechos.
En este aspecto, llevamos la secretaría técnica de la Alianza por la Capacidad Legal en Colombia, un grupo de activistas, académicos y funcionarias públicas, comprometidas con la implementación armoniosa de la Ley. Así mismo, realizamos capacitaciones y talleres dirigidos a estudiantes, activistas, organizaciones de derechos humanos, entidades del Estado y funcionarios judiciales, aportando insumos investigativos y jurídicos para facilitar la implementación y acceso a los mecanismos de apoyo de la Ley. Apoyamos a las personas y sus familias en la representación de solicitudes de apoyos a nivel judicial y en la revisión de sus interdicciones, facilitando su acceso al sistema de justicia y al reconocimiento de su autonomía.
Hacemos parte de redes latinoamericanas en las que apoyamos a organizaciones y académicos de otros países en sus propios procesos de reforma y de implementación, lo que nos permite tener una visión regional del cumplimiento del artículo 12 y 13 de la Convención.
