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Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.
El área de derecho penal del Consultorio Jurídico presta servicios de asesoría legal, representación judicial y acompañamiento en los procesos penales a personas en situación de vulnerabilidad o indefensión, en el marco de nuestras competencias legales.
Como parte del proceso de formación de los/las estudiantes, el área cuenta con un programa especial de atención de defensa de casos que se pueden gestionar por medio de grupos de litigios entre el asesor del área y los estudiantes y realiza investigaciones sobre temas de actualidad nacional.
El área de derecho de familia del Consultorio Jurídico presta servicios de: (i) asesoría legal a toda la comunidad, (ii) representación judicial, en el marco de nuestras competencias legales y (iii) acompañamiento a población en situación de vulnerabilidad o indefensión que requiera de una atención inmediata y cuyo conflicto tenga como base la niñez, la adolescencia, el adulto mayor, la familia y las demás personas que la integran y que requieren de una protección legal especial. La práctica busca promover la incorporación de herramientas de empoderamiento e información hacia los ciudadanos e incluye actividades de pedagogía en derechos, investigaciones y realización de brigadas jurídicas, lo que fortalece las posibilidades de acceso a la justicia y permite prestar un servicio de calidad con responsabilidad social.
El área de derecho patrimonial del Consultorio Jurídico presta servicios de: (i) consultoría legal para gestión patrimonial a emprendedores o pequeñas empresas, (ii) representación judicial, en el marco de nuestras competencias legales y (iii) asistencia para la reestructuración de obligaciones a población en situación de vulnerabilidad o indefensión, en asuntos relacionados con derecho privado (civiles y comerciales).
Buscando promover la incorporación de herramientas de empoderamiento e información hacia los ciudadanos, la práctica incluye actividades de pedagogía de derechos, investigaciones e intervenciones en acciones públicas constitucionales en su línea de litigio estratégico.
