Carta Abierta al Gobierno Colombiano y a la Comunidad Internacional, redactada por los miembros del área de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes
Nosotros – más de 400 profesores, académicos, abogados y estudiantes de derecho internacional público de diferentes tradiciones jurídicas de todo el mundo abajo firmantes- observamos con grave preocupación el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía colombiana contra manifestantes desarmados que ejercen su derecho humano fundamental a la reunión y manifestación pacífica.
Desde el 28 de abril, miles de manifestantes, provocados por la controversial reforma tributaria del presidente Duque en medio de las tasas de desempleo más altas y las peores cifras de muertes por la pandemia del COVID-19, han sido enfrentados con un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD. La Defensoría del Pueblo de Colombia, así como ONGs locales e internacionales, han informado de al menos 24 muertes, un número indeterminado de desapariciones, cientos de heridos o detenidos arbitrariamente, y numerosas instancias de violencia contra mujeres, defensores de derechos humanos y periodistas por parte de la policía colombiana. Los estándares internacionales de derechos humanos, así como el artículo 218 de la Constitución Colombiana, obligan a la policía a mantener las condiciones necesarias para que los individuos ejerzan sus derechos y libertades. Considerando la situación actual, nos preocupa que este mandato no se esté cumpliendo y que los derechos fundamentales de miles de colombianos se encuentren en grave peligro.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos le recordó a las autoridades estatales colombianas “su responsabilidad de proteger los derechos humanos … para facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y … los agentes del orden deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad al vigilar las manifestaciones”. Si bien la policía cometió abusos durante las protestas de noviembre de 2019 y septiembre de 2020, la situación actual muestra un aumento de los casos de represión policial y el uso de fuerza letal, así como la adición de una respuesta militarizada, según denunció Amnistía Internacional. La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dejado claro en sus informes y pronunciamientos que las fuerzas armadas no deben involucrarse en el control de situaciones aisladas de desorden público o violencia que surgen durante protestas mayoritariamente pacíficas porque “la historia del hemisferio muestra que … la intervención de las fuerzas armadas en materia de seguridad interna … conlleva un riesgo de violaciones de derechos humanos”, ya que las fuerzas armadas están capacitadas para luchar contra enemigos armados en escenarios de defensa de la seguridad nacional y no están entrenados para proteger y controlar a la población civil desarmada. El Comentario General del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el derecho de reunión pacífica señala que “existe una presunción en favor de considerar que las reuniones son pacíficas… los actos de violencia aislados de algunos participantes no se deberían atribuir a otros”. En cualquier caso, una manifestación pacífica que se torne violenta puede dispersarse por las fuerzas policiales del Estado y quienes cometen actos violentos pueden ser detenidos y procesados judicialmente, pero esto no altera la obligación continua que tiene el Estado de proteger los derechos a la vida y a la libertad de expresión y reunión de manifestantes pacíficos, y la prohibición de detenciones arbitrarias, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura o malos tratos a quienes cometen actos violentos.
Entendemos el abuso de la fuerza policial actual en el contexto del problemático historial de violaciones de derechos humanos de Colombia, especialmente en lo relacionado a la exacerbación de las desigualdades socioeconómicas durante la pandemia del COVID-19, la implementación (o falta de ella) de los Acuerdos de Paz del 2016, y la persecución y homicidio sistemático de líderes sociales, defensores de derechos humanos y ex guerrilleros desmovilizados.
Por todo lo anterior, rechazamos categóricamente el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía nacional y el ESMAD, y los esfuerzos del gobierno por criminalizar a los manifestantes con el fin de suprimir su derecho de reunión pacífica. Asimismo, instamos al Estado colombiano a que cumpla con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza e investigue de manera efectiva, imparcial, y oportuna cualquier alegación o sospecha razonable del uso ilegal de la fuerza armada u otras violaciones por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el contexto. de las protestas actuales. Los funcionarios individualmente responsables de las violaciones deben rendir cuentas de conformidad con el derecho interno y, cuando corresponda, el derecho internacional, y las víctimas deben disponer de recursos efectivos de reparación. También instamos a las autoridades estatales a cooperar abierta y activamente con los organismos internacionales y asociaciones de la sociedad civil en temas relacionados con lo aquí presentado.
Conoce la carta completa con firmas aquí
