Recibir llamadas telefónicas de empresas o entidades con las cuales no se tiene vínculo, percatarse de reportes erróneos de obligaciones que no están en mora, o atender llamadas con objetivo de estafa, son algunas de las principales denuncias presentadas por los ciudadanos ante las autoridades y que hacen parte de la lista de casos en donde se atenta contra la protección de datos personales.
Sin embargo, además de la ocurrencia de los casos, la falta de claridad sobre los derechos frente al tratamiento de su privacidad también puede generar subregistro y poca denuncia. Así lo destaca la relatora de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para el derecho a la privacidad, Ana Brian Nougreres, quien aseguró que “se necesita educación -en todos los niveles de enseñanza, formal e informal- y concientización en todos los lugares, explicándoles a las personas de qué manera pueden utilizar sus datos y cómo pueden verse discriminadas como consecuencia de una mala utilización de esos datos”.
Además de conocer los derechos frente a la protección de datos, los mecanismos de denuncia y las recomendaciones de seguridad, entre las que se destaca la lectura y revisión de los términos de tratamiento de datos, el no registro de datos personales en sitios no seguros o la no publicación de datos personales en medios digitales, los expertos también destacan la responsabilidad de las empresas y organizaciones que captan la información, para garantizar que se cumpla la ley, sobre todo si se tienen en cuenta las consecuencias de un uso inadecuado de la información para las personas.
“Cada vez más, las decisiones sociales, políticas o económicas giran en torno a la información. Por eso, si la información sobre una persona está desactualizada para adquirir un crédito, será considerada deudora morosa y no le van a prestar el dinero que necesita. Si una historia clínica no está al día, se podrían tomar decisiones equivocadas que afectarían la salud o la vida del paciente. Hay personas que están en las cárceles porque hay órdenes de captura que no han sido actualizadas. Así que la responsabilidad es muy grande”, explica el profesor Nelson Remolina Angarita, director del Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática (GECTI) de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.
Esta situación, sumada a la falta de regulación o de aplicación de las normas, aumentan el riesgo. “A veces hay una total disparidad entre lo que ordena la norma y lo que pasa en la práctica. El derecho de datos no solo depende en consagrarlo, sino en que quienes tienen la información cumplan sus deberes de actualizar, de obtener información lícitamente y de mantener confidencialidad de la misma”, agrega el profesor Remolina, también director del Observatorio Ciro Angarita Barón sobre protección de datos.
Por eso, países como Colombia tienen un gran reto. Desde la perspectiva ciudadana, fortalecer la protección de los datos de los ciudadanos. “Que los responsables o encargados del tratamiento de datos personales en el país, sean entidades públicas o privadas, hagan bien su tarea, sean diligentes, sean profesionales e implementen accountability, no solo porque la ley se los exige, sino porque eso genera confianza. La efectividad de un derecho en la práctica no depende de su mera regulación, sino de que los responsables y encargados cumplan sus deberes legales. Debemos pasar de una protección formal, a una protección real y efectiva que es lo que demandan o solicitan los ciudadanos”, destacó Remolina.
Por otro, desde la mirada del desarrollo social y económico, la oportunidad de aprovechar la información de manera responsable para, por ejemplo, la creación de tecnología. “Colombia debe salir del subdesarrollo intelectual porque aquí lo único que hacemos es exportar los insumos, pero no aprovecharlos. La regulación colombiana se hizo en una época para exportar datos, para que los utilicen en otros países las personas que hacen inteligencia artificial. Hay que convertir a Colombia en un sitio al que lleguen datos de todas partes del mundo para que los proyectos grandes de sistemas, de algoritmos, de computación que se hagan en este país tengan muchísima información para que tengan más impacto”, enfatizó el académico.
Precisamente, respecto a la creación de tecnología con elementos innovadores, como es el caso de la inteligencia artificial, para que esta no provoque situaciones de discriminación o especial vulnerabilidad de las personas, la clave está, según la relatora Ana Brian Nougreres, por ejemplo, en el gerenciamiento del consentimiento de los titulares de los datos involucrados. “Si tenemos sistemas de inteligencia artificial en los cuales se utilizan datos personales y los titulares de esos datos dieron su consentimiento al efecto, el riesgo de vulnerabilidad es muy bajo, pues hay un aval del titular del dato. Sin dicho consentimiento, el riesgo de vulnerabilidad es alto o muy alto, según la existencia de otra causal legitimante. Debemos trabajar en pos de que la inteligencia artificial progrese, el Derecho no puede obstaculizar la innovación bajo ningún concepto. La inteligencia artificial debe continuar brindando nuevos servicios a las personas humanas que son el centro de nuestro círculo de valores, el centro de toda nuestra organización jurídica o política. La dignidad, la autonomía, la igualdad y la libertad de las personas nunca podrán ser dejadas de lado”.
Conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales
Para ahondar en estos temas, la Universidad de los Andes reunirá este jueves 26 de enero de 2023, en un evento virtual al cual puede inscribirse aquí, a 13 expertos y expertas internacionales, entre estas la relatora de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para el derecho a la privacidad. Ana Brian Nougreres.
También estarán María Solange Maqueo Ramírez, directora y profesora investigadora titular de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México; Lourdes Zamudio Salinas, docente asociada de la Universidad de Lima, Perú; Dolores Dozo, experta para Latinoamérica en el Proyecto de Cooperación Internacional en Protección de Datos de la Unión Europea y Ximena Puente de la Mora, miembro del Panel de Expertos Externos Revisión de Privacidad de Datos del Banco Mundial.
Así mismo, nos acompañarán Pablo Palazzi, director del Centro de Tecnología y Sociedad (CETyS) de la Universidad de San Andrés (Argentina); Rafael Zanata, director de Data Privacy Brasil Research Association; Alejandro Veronesse, profesor asociado de la Universidad de Brasilia; Luca Belli, profesor y director del Centro de Tecnología y Sociedad de la Fundación Getulio Vargas de Brasil; Bruno Gencarelli, director adjunto de Derechos Fundamentales y Estado de Derecho y jefe de la Unidad de Flujos Transfronterizos y Protección de Datos de la Comisión Europea; Joaquín Pérez Catalán, integrante de la Red Iberoamericana de Protección de Datos y director de la División de Relaciones Internacionales de la Agencia Española de Protección de Datos y el argentino Óscar Puccinelli, autor de libros en protección de datos.
Durante el evento se realizará un homenaje póstumo al profesor y autor brasileño: Danilo Doneda, quien contribuyó al desarrollo doctrinario y regulatorio del habeas data y la protección de datos, así como a la formación académica de estudiantes y profesionales en Latinoamérica.
