Con presencia de más de 30 expertos de Iberoamérica se llevaron a cabo las Jornadas Internacionales de Derecho Penal y Constitucional 2024 que, por primera vez, fueron realizadas en conjunto entre las Facultades de Derecho de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad de los Andes con apoyo de ICETEX y del asistente legal con Inteligencia Artificial – Ariel.
Estas jornadas, que también se trasladaron a la Sede Caribe de la Universidad de los Andes en la ciudad de Cartagena, incluyeron debates en torno al Derecho Penal y Constitucional a través de temas transcendentales para Colombia y a nivel global, como la protesta social, la libertad de expresión y la transformación energética, entre otros.
Fue, además, una oportunidad de intercambiar perspectivas, con la visión de académicos, expertos y asistentes, que enriqueció las discusiones frente al papel del Derecho Penal en estos temas.
Ese es el caso de la discusión sobre protesta social, violencia y Estado de Derecho, realizadas durante el primer día del encuentro, en las que los participantes coincidieron en la importancia de las manifestaciones en los Estados democráticos, así como la relevancia de los límites que se deben considerar frente a los derechos de los otros.
“Evidentemente existe límites cuando la protesta afecta la convivencia social o derechos fundamentales de las personas y es ahí donde el derecho debe intervenir, pero sin condicionar la esencia de la democracia que es el debate público”, explicó Manuel Iturralde, profesor de la Facultad de Derecho Uniandes.
Así mismo, el profesor Yesid Reyes, de la Universidad Externado, aseguró que “esa posibilidad de defender los derechos de las minorías es clave, con la precisión de que esta tiene límites. Mantener esos límites es algo que le corresponde al legislador y a los jueces que interpretan las normas para garantizar el derecho a la protesta, manteniendo la no vulneración de los derechos ajenos”, destacó.
De igual modo, frente a fenómenos de manifestación trasladados al campo digital, el debate del segundo día orientó la conversación hacia el ejercicio del periodismo, el activismo digital y las redes, como formas de protesta y expresión que, al no tener claridad en su regulación o formalidad, entre otros aspectos, suele caer en la tensión entre la libertad, la información y los derechos a la honra y el buen nombre.
“En el escrache y otras manifestaciones actuales entran en juego muchos derechos como la intimidad, el buen nombre, la dignidad, entre otros… son temas muy actuales que, para el caso de instituciones como la Corte es clave entender que no hay derechos absolutos, que es necesario hacer ejercicios de armonización, de ponderación y así resolver problemas jurídicos. A veces desde lo académico se piensa en escenarios absolutos, lo cual es muy pedagógico. Sin embargo es clave complementar con el análisis de casos puntuales que permiten entender las complejidades”, destacó la magistrada de la Corte Constitucional, Diana Fajardo, expositora del evento.
Por su parte, la profesora de Los Andes, Isabel Cristina Jaramillo afirmó: “cerca del 50% de las personas alguna vez ha vivido un evento de violencia sexual antes de sus 20 años, si eso sigue siendo así de masivo, las instituciones formales nunca van a ser suficientes para resolver esos eventos. Eso quiere decir que debemos generar más espacios en los que podamos, como sociedad, ir construyendo nociones de justicia”.
Finalmente, durante el tercer día de discusiones, en el que se abordó inicialmente el derecho electoral y posteriormente la transición energética, los expertos y panelistas compararon, para el primer caso, los diferentes sistemas electorales de la región, entre los que se destaca el caso colombiano por su sistema de reporte.
“Es importante seguir trabajando en generar confianza con la ciudadanía, esa se construye día a día con transparencia de la información, con la participación de la observación internacional y entendiendo la neutralidad y la integridad de los procesos electorales”, destacó el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.
A su vez, la profesora de la Facultad de Derecho Uniandes, Diana Durán, concluyó que “tenemos una dificultad grande entre la realidad y la normatividad. Ese cumplimiento es algo en lo que debemos trabajar para que se lleve a la vida cotidiana. En esa medida es importante, por ejemplo, que los partidos políticos tengan claridad ideológica, y que los costos de las campañas políticas sean menores para que puedan bancarizarse y no se pierda la trazabilidad, como sucede actualmente con el dinero en efectivo”.
Con respecto a la transición energética y la crisis ambiental, las discusiones cuestionaron la eficacia del derecho penal frente al tema, pero destacaron la relevancia de la legislación en la que se ha avanzado en materia ambiental y, sobre todo, la importancia del diálogo interdisciplinario para entender las problemáticas, establecer los mecanismos de intervención y, finalmente, actuar en pro de las necesidades no solo individuales, sino colectivas.
“El derecho penal por sí solo no puede resolver los problemas ambientales. Podemos tipificar los delitos ambientales, pero sin incentivos económicos para cambiar la deforestación por servicios ambientales, por ejemplo, no va a ser suficiente. De modo que se trata más de negociación, acuerdos, decisiones, miradas políticas que se alimentan con las discusiones, por lo que celebro estos espacios para tener la mirada tan importante de diferentes puntos de vista expertos”, concluyó Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda de Colombia.
Las Jornadas Internacionales de Derecho Penal y Constitucional son consideradas como el evento académico más relevante del sector en el país. Se espera que la alianza entre las dos instituciones educativas siga permitiendo el diálogo experto sobre temas de incidencia internacional en futuras versiones.
